Los plazos de pago a proveedores más dilatados se encuentran en la construcción

Las empresas del sector de la construcción, durante el año 2010, presentaron unos plazos de pago a proveedores más dilatados según “La morosidad de las Empresas en España”, estudio realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad a partir de los datos de 13.000 empresas depositados en el Registro Mercantil, los pagos de las organizaciones de este ámbito alcanzaron los 197 días en esta comunidad.

En el País Vasco, la media del pago a los proveedores por parte de las empresas fue de 95 días, frente a los 85 que establecía la Ley para el año 2010. En la construcción, la media es de 197 días.

Gracias a este estudio, es posible extraer conclusiones sobre comunidades autónomas y sectores de que en todas las regiones españolas, es el sector de la construcción el que presenta un plazo de pago más largo. Las Comunidades Autónomas que tienen plazos más pequeños son La Rioja (139) y Cantabria (176), mientras que los peores plazos medios de pago los tiene el sector privado de Madrid (293), Asturias (285), Cataluña (262) y Extremadura (256).

Respecto a las empresas del resto de sectores, hay una gran variabilidad en el plazo medio de pago dependiendo de la región. Rafael Barón, presidente de la PMcM, explica que “aunque Navarra (69) y Cantabria (77) tienen los mejores promedios en general, las empresas de estas comunidades no son las mejores pagadoras en todos los sectores, y lo mismo sucede con las dos peores comunidades, Madrid y Andalucía, con 120 y 119 días respectivamente”.
En este año, el límite está fijado en nuestro país en 75 días y en 2013 la Directiva Europea exigirá pagar en un máximo de 60 días. Barón ha alertado que “se hace más que necesario exigir ya el cumplimiento efectivo de la ley española e implementar las medidas  previstas en la misma, entre otras, la creación del Observatorio de la Morosidad”.

Para acabar con esta situación, el portavoz de la PMcM, Antoni Cañete, propone la creación del Observatorio de la Morosidad (permitirá conocer con rigurosidad el comportamiento de los pagos) y también “crear un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros; implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia; y la aplicación del criterio de caja en el devengo del IVA de pymes y autónomos. Esta última se trata de una medida que el gobierno prometió en la campaña electoral y que ahora retrasa alegando problemas técnicos rechazando de este modo la proposición de Ley presentada recientemente por CiU”.

Fuente: Construarea