Raquel Sánchez firma acuerdos con siete CCAA para impulsar la construcción en alquiler asequible y rehabilitación
Mitma destinará más de 30 millones de euros de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para construir un total de 688 viviendas públicas en alquiler social y 17,6 millones para rehabilitar 952 viviendas.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha presidido la firma de varios acuerdos con las comunidades autónomas de Canarias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra y varios ayuntamientos para construir y rehabilitar 1.640 viviendas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y así facilitar el acceso a una vivienda digna, sostenible y asequible.
En concreto, con estos acuerdos se impulsa la construcción de más de 688 viviendas en alquiler social o asequible en edificios energéticamente eficientes en varios municipios de Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Navarra, y la rehabilitación a nivel barrio para regenerar hasta 952 viviendas en diferentes municipios canarios, madrileños y murcianos. Estas subvenciones, según ha apuntado la ministra, “podrán llegar hasta 21.400 euros por vivienda y ser del 100%” en el caso de propietarios o usufructuarios en situación de vulnerabilidad.
Durante el acto, al que han asistido importantes representantes de las Administraciones públicas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, Raquel Sánchez ha recordado la importancia de ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
En este sentido, ha aprovechado para destacar la necesidad de tener una Ley de Vivienda llamada a ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controlar las rentas en las zonas más tensionadas.
Todo ello dentro de un Plan Estatal de Vivienda que nace con la intención de atender las necesidades más urgentes y que “incluye ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y, por supuesto, a los jóvenes”, ha apuntado.
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