Andalucía impulsa el Plan Regional de la Vivienda 2008-2012

La Junta de Andalucía ha firmado con los representantes de 33 entidades financieras el convenio que garantiza la financiación de las actuaciones de vivienda protegida, rehabilitación y suelo que se recogen en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Con este documento, las cajas y bancos ratifican los compromisos de financiación que adquirieron en la firma del Pacto por la Vivienda el pasado mes de diciembre y que ascienden a 9.550 millones de euros, que serán destinados en un 93 por ciento a actuaciones de vivienda protegida y el resto se repartirá entre rehabilitación y actuaciones de suelo.

La principal novedad que recoge el acuerdo firmado es el establecimiento de las condiciones objetivas que se van a exigir a los adquirentes de una VPO para obtener un crédito hipotecario, y será la primera ocasión en España en la que se alcanzan un compromiso de este tipo entre la Administración y las entidades financieras. De esta forma, bancos y cajas establecerán como criterios esenciales para otorgar los préstamos la ausencia de informes negativos relativos a la existencia de impagos anteriores; la acreditación de la permanencia de la renta declarada de hasta 3 años; una relación entre los ingresos declarados y las cuotas de todas las deudas financieras que no supere el 40 por ciento; y un importe líquido de los ingresos que, tras el pago de la cuota mensual, no quede por debajo del Salario Mínimo Profesional. No obstante, estas condiciones podrán ser sustituidas por la presentación de avales u otras garantías financieras.

Estos 9.550 millones de euros servirán para financiar los diferentes programas de vivienda protegida, rehabilitación y suelo que financia directamente la Junta de Andalucía, o para financiar aquellas actuaciones que son reguladas por el Plan Estatal de Vivienda y que no obtengan financiación con cargo al convenio suscrito entre el Ministerio y las entidades de crédito.

El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de Andalucía contempla la promoción de 132.000 viviendas protegidas, así como 135.000 actuaciones de rehabilitación y 40.000 de suelo, con una inversión estimada de unos 12.000 millones de euros, de los que 3.000 saldrán directamente de las arcas públicas. A fecha de 17 de noviembre, el número de viviendas calificadas provisionalmente para venta y alquiler asciende ya a 11.816, lo que supone un 84,4 por ciento del objetivo de 14.000 calificaciones fijado para el presente año.