Iniciativas para calificar la vivienda libre como protegida

En el intento de aliviar la desaceleración del sector inmobiliario, diferentes administraciones públicas tratan de dinamizar el mercado con nuevas medidas y normativas. Mientras el Gobierno de la Región de Murcia ya ha aprobado un Decreto que permite calificar la vivienda libre como protegida, la Junta de Andalucía prepara un plan normativo que afectará a la construcción y a la vivienda, además de avanzar en la iniciativa que se ha llevado a cabo en la vecina comunidad autónoma.

El Consejo de Gobierno murciano ha modificado el Decreto 141/2005 por el que se regulan las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. La finalidad de estos cambios es adaptar la reforma realizada por el Gobierno central en materia de vivienda a la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En el nuevo texto se establecen iniciativas y medidas encaminadas a estimular la construcción de vivienda protegida, con el fin de reactivar la demanda y facilitar un hogar a las personas que tienen más dificultades para comprar a precio de mercado.

El Decreto permite convertir una vivienda libre en protegida a través de dos procedimientos. Por un lado, se califican viviendas libres individuales cuya promoción se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, estén en construcción o hayan concluido hace un año. Por otra parte, también se califican promociones de viviendas que han sido iniciadas a precio de mercado.

También en Andalucía

La Junta de Andalucía consensuará con los agentes sociales un plan de medidas para ser aprobadas antes del verano. El mismo presidente de la comunidad, Manuel Chaves, avanzó que el ejecutivo está estudiando la posibilidad de reconvertir la vivienda construida, o en proceso de construcción, en VPO, para así satisfacer el derecho de la ciudadanía a la primera vivienda. Además, el consejero de Vivienda, Juan Espadas,  también ha manifestado que el principal objetivo de estas medidas es acelerar los procesos administrativos y agilizar la dinamización del suelo que tienen los promotores con el objetivo de construir unas 14.000 viviendas en 2008 y la creación de 15.000 empleos.